Policías,
guardias civiles, bomberos y vigilantes de seguridad, entre los clientes
Seis
años de trabajo del Grupo II de Fraudes de la Comisaría de Málaga han culminado
con el desmantelamiento de la mayor trama de falsificación de títulos
académicos realizada hasta ahora en España, y cuyo balance es espectacular: más
de 600 detenidos, cerca de mil imputados, unos 200 funcionarios expulsados tras
constatarse que habían obtenido su plaza de forma fraudulenta y varios millones
de euros de perjuicio para las administraciones. Una estafa faraónica cuyo
epicentro fue una modesta academia de la avenida Héroe de Sostoa de la capital
malagueña, y que se personifica en un falsificador que rebasa los 60 años a
quien los investigadores sitúan en la cúspide de un entramado que se extiende
por todo el país.
Los resultados de esta operación ponen de relieve una
corrupción de bajo perfil enraizada en la sociedad. La mayoría de los detenidos
e imputados son personas que pagaron por adquirir falsificaciones de
licenciaturas, diplomaturas, Bachiller o FP con las que se presentaron a
oposiciones de empleo público y procesos selectivos en la empresa privada.
Aunque también está el caso de un capitán del Instituto Armado que lo quería
para «presumir».
Un
entrenador de fútbol
Entre
los clientes hay muchos policías locales, guardias civiles, policías
nacionales, bomberos, trabajadores sanitarios, abogados, economistas,
militares, funcionarios de la Junta, vigilantes, directores de seguridad e
incluso un entrenador de fútbol de un equipo ahora en Segunda división.
Las
administraciones y Cuerpos de Seguridad han iniciado más de 200 expedientes de
expulsión. Esta cifra es muy inferior al número de los casos realmente
detectados, pero finalmente se ha decidido proponer el despido de aquellos en
los que la titulación era un requisito imprescindible para obtener la plaza y
en los que la misma computó de forma determinante en la puntuación del
opositor.
También
hay que tener en cuenta que muchos de los que adquirieron los diplomas iban a
trabajar en el sector privado. Por ejemplo, unas 150 personas encausadas están
relacionadas con la seguridad privada, siendo el ámbito profesional donde más
fraude se ha detectado. Unas 25 son policías locales de la provincia malagueña.
La
investigación comenzó en febrero de 2008 en Málaga después de que los agentes
detectasen un aumento notable de falsificación de títulos oficiales, por lo que
se puso en marcha la denominada operación Eladio.Las pesquisas llevaron a los
agentes hasta la fuente de origen: un falsificador que entonces rondaba los 60
años y que supuestamente había tejido un entramado delictivo en torno a una
academia de formación. El «cabecilla» de la red, identificado como Manuel C. F.
y que ahora tiene 66 años, contaba con una serie de cómplices que se dedicaban
a captar a clientes -opositores «desesperados» por acceder a las ofertas de
empleo público- y que supuestamente percibían un porcentaje por cada uno de
ellos.
Este
individuo cobraba una media de unos 1.200 euros por título -dependía de la
dificultad y el grado de importancia-, y era tal su pericia que personas de
toda España acudían a Málaga para requerir sus servicios. Por ejemplo, en
Santander fue arrestado a finales del pasado año un hombre que adquirió los
diplomas de Bachiller en Humanidades y Ciencias Sociales, de Detective Privado
y de Experto Universitario en Criminología. El arrestado declaró que había
pagado unos 600 euros por cada uno. La clientela se reparte por Zaragoza, León,
Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Segovia, Melilla, Granada y Ciudad Real, y
las ganancias obtenidas por el falsificador se estiman en 1.200.000 euros.
Fuente: diario ABC
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