A muchos, el nombre de Michael Larson les sonará, literalmente, a sueco..., a literato sueco. Pero no, Larson no escribe libros; desde una pequeña oficina de Seattle, este ejecutivo lleva dos décadas comprando y vendiendo empresas por todo el mundo en nombre de Bill Gates. Hace un mes se supo que el fondo Cascade, liderado por Larson
había adquirido entre un 2% y un 3% de Prosegur, la mayor empresa de seguridad española, una operación de la que, por cierto, no hay rastro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pues Gates no supera el 3% del capital que obliga a informar al regulador.
En España, hay un guardián del orden por cada 144 personas. La cuenta sale de que, según los últimos datos de la patronal del ramo, hay 82.150 vigilantes privados en activo (unos 223.000 con licencia), a los que hay que añadir otros 241.791 agentes públicos, entre guardias civiles y policías nacionales, locales y autonómicos.
Esa proporción da la pista a los asesores de Bill Gates y al resto de inversores de que a la industria de la seguridad
le queda mucho recorrido. A medida que desaparecen los bedeles, los funcionarios de prisiones, los ordenanzas, los porteros de finca, los guardeses, los
civiles que cachean en los aeropuertos, los celadores sanitarios, los taquilleros del Metro, los ujieres de los juzgados e, incluso, los
manitas de los centros de enseñanza... se abren paso los guardias jurado y la industria acorazada de videovigilancia, escáneres..., a los que pronto se unirán otros artilugios como los drones o las
googleglass.
El negocio de la seguridad crece en una sociedad que cada vez le concede más atribuciones. Este mes, el Gobierno ha aprobado una
Ley que permite a los vigilantes de seguridad privados
patrullar por las calles, detener a sospechosos y pedirles los datos, o vigilar a presos. También podrán ayudar a la policía en el ejercicio de su función pública (todo un aviso a
patrullantes).
"Cada vez más, la seguridad privada se considera una parte indispensable del conjunto de medidas destinadas a la protección de la sociedad y a la defensa de los derechos y legítimos intereses de los ciudadanos". No es el eslogan de Securitas, sino el preámbulo de la reciente norma, votada por PP, CiU y PNV, y celebrada por el sector. Y ya se sabe que cuando una patronal abraza una ley, algo nuestro se quema.
A diferencia de un cuerpo del Estado, crear y mantener una empresa de seguridad no presenta complicaciones. Una oficina, un registro, uniformes, taquillas... De hecho, la mayoría de las empresas del sector (72%) no llega a 20 empleados. Que prospere suele tener que ver con las relaciones de sus directivos y consejeros con el poder y otros empresarios. No en vano, ahí está la ristra de políticos y ex políticos, y familiares de estos, que circulan habitualmente por sus consejos de administración.
Y así, una docena de empresas se reparten el 70% del negocio que genera el sector en España. He aquí algunos de sus principales propietarios y beneficiarios.
* Helena Revoredo Delvecchio. Enviudó en 1997 de Herberto Gut, uno de los fundadores de Prosegur, donde ejerce como presidenta y socia principal (50,2%). También es consejera y accionista del Banco Popular (tiene el 0,111%) y de Mediaset. Prosegur es la primera compañía del sector (147.300 empleados), que en cuatro años ha duplicado su facturación hasta los 3.700 millones de euros. Conservadora y religiosa, Revoredo, invierte además en artes gráficas e inmuebles, es accionista principal del centro Euroforum de El Escorial (Madrid) y dueña de la finca San Huberto.
* Mirta María Giesso Cazenave. Otra viuda, ésta de Graciano Álvarez (muerto en 2000), ostenta el 5,63% de Prosegur, a través de la sociedad AS de Inversiones, con sede en el barrio de Salamanca de Madrid, en la que participan también sus cuatro hijas.
* MassMutual Finantial Group. Es el nombre comercial de Massachusetts Mutual Life, pilar de la industria financiera en EEUU. Participa en Prosegur a través de su fondo Openheimer (5,66%). MassMutual es, además, propietaria de Barings, un legendario fondo de inversión con 250 años de historia, cuya oficina española controla el 64% de Casesa, quinta compañía del sector, donde es socio minoritario Francisco Javier García Saldaña. Casesa es una de las empresas que explotaba el servicio de escoltas en el País Vasco.
* Mónica de Oriol e Icaza. Es la primera mujer que preside el Círculo de Empresarios. Ostenta el 41,8% de Seguriber-Umano, en sociedad con Antares, propiedad de otras familias prósperas asentadas en el País Vasco (Velasco, Aristrain, Gorbeña y Riberas). Azote sindical, Oriol se sienta en el consejo de Indra, es madre de seis hijos y forma parte de una de las dinastías -los Oriol- más tradicionales del País Vasco, bisnieta del fundador de Talgo y sobrina de ex presidente de Iberdrola. Está casada en segundas nupcias con Alejandro Aznar Sainz, dueño de la Naviera Aznar y las Bodegas Marqués de Riscal, y socio minoritario de la embotelladora ibérica de Coca-Cola.
* Gustaf Douglas y Melker Slöring. Ambos pertenecen a la aristocracia empresarial sueca y entre los dos controlan el 41,33% del
accionariado de Securitas AB, matriz de
Securitas, la segunda compañía del sector en España. Douglas también ejerce como político en el partido conservador sueco, y es un activo filatélico. A su vez, Slöring es el
quinto más rico de su país gracias a su
holding inversor MSAB, primer socio de la tecnológica Hexagon.
* MCH Capital. El fondo español de inversión MCH controla la mayoría del accionariado de Segur Ibérica, tercera firma del sector por facturación, que fue presidida por Pedro Morenés antes de que Rajoy le nombrara ministro de Defensa. MCH está especializado en aglutinar capital de particulares -aunque se desconoce de cuáles- que desean invertir en compañías para su posterior venta con plusvalías.
* Corpfin Capital. La firma de inversión participada por las familias Oriol Díaz-Bustamante, Gandarias, Sarasola Jáudenes -Borja Sarasola es consejero de Medio Ambiente y Territorio (urbanismo) en la Comunidad de Madrid-, Lavilla y Álvarez Navarro (Santa Lucía) es otro de los puntales del capital riesgo español. Desde 2004, dosde sus fondos suman el 36% de Segur Ibérica, con 7.000 empleados, cuyo consejero delegado dimitió el mes pasado por el caso Adif. Corpfin también fue socia (38%) de Sagital entre 1993 y 2000.
* Familia Álvarez. De los 78.000 empleados que suma la multinacional Eulen, casi 7.000 se dedican a la seguridad privada. El octogenario leonés David Álvarez y sus siete hijos se reparten la compañía y se disputan su control, y el de otras posesiones como las bodegas Vega Sicilia. En esa lucha, cinco de sus hijos se enfrentan al patriarca familiar y sólo dos hijos le son fieles. El culebrón dura ya cinco años.
* Enrique Sánchez González. Es el socio mayoritario (72%) de Segurisa y de Sagital, que da nombre a su grupo de empresas. Viejo conocido de Florentino Pérez, de los tiempos de UCD, formación con la que fue diputado por Madrid, Sánchez fue portavoz del Real Madrid y ejerce como directivo y vicepresidente de la Fundación del club. Sus empresas custodian, por ejemplo, las instalaciones del Canal de Isabel II.
* Tirso y Alfonso Tomás Herrero. Son los propietarios del Grupo Falcon, antigua división de seguridad de FCC, creada para la vigilancia de sus instalaciones y que se segregó a finales de los años 90 del grupo controlado por Esther Koplowitz.
* La Once. La Organización Nacional de Ciegos Españoles es propietaria de Vigilancia de Instalaciones (Vinsa), otra de las grandes del sector, englobada dentro del grupo de servicios Alentis.
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