ACUERDO NUEVO CONVENIO

El día 22 de Marzo del presente, se ha llegado a un acuerdo en el SIMA de Madrid, las empresas y los sindicatos UGT, USO y CCOO han llegado a los siguientes acuerdo:

-Distribuir la subida pactada para 2012 entre los años 2012, 2013 y 2014.
-Convocar la mesa negociadora a mediados de abril para consolidar dicho pacto.
-Ampliar el actual convenio hasta el 31 de diciembre de 2014.
-Si no se alcanza un acuerdo en 2014 se puede ampliar el presente hasta 2018.
-Dejar sin efecto en 2012 la subida acordada en el art. 73
-Aplicar las tablas salariales anexas para 2012, 2013 y 2014.
-Las subidas de 2013 y 2014 dependerán del PIB, realizándose un escalado.
-Reconocimiento del cuadrante anual de servicios (en lugar del mensual).
-Reconocimiento del día de asuntos propios computable en cuadrante a partir del
2015.

En mi opinión nos la vuelven a dar con vaselina.

Nos niegan la subida pactada del 4,4 %, para 2012 la dejan en un 2,6 %, y en

los próximos años dependerá de si las empresas ganan más o no.

El famoso día de asuntos propios será una realidad en 2015, cuando a priori

este convenio cumple en 2014 y habrá que sentarse a negociar antes de 2015,

pero por si no les interesa a las empresas se guardan una ampliación de esta joya

de convenio hasta nada más y nada menos que 2018.

El cuadrante anual significa que; Unos meses trabajaremos pocas horas y otros meses nos van a acribillar a horas, sin ver un duro de horas extras, pues el cuadrante se reconoce anual, lo que implica que algunas empresas no abonen horas extras hasta final de año, porque pueden compensar las de un mes con otro mes.

La "puñalá" nos va a doler varios años.

De nuevo, sea para bien, o para mal, hemos de dar las gracias a UGT, USO y CCOO

Reglamento de Seguridad Privada en lo relativo a Huelga General

En nuestra posición de informar sobre materias de legislación de seguridad privada y laboral, convendría poner unas anotaciones, y difundir esta información a todos los Vigilantes de Seguridad que estén afectados para mejor conocimiento de las operativas en caso de huelga general.

Como sabréis el RSP (Reglamento Seguridad Privada) nos prohibe taxativamente inmiscuirnos en conflictos de índole laboral,en nuestros servicios, así como interferir entre los trabajadores ajenos a seguridad que secunden una huelga(sean huelguistas o piquetes de información legitimizados para ello).

La ley de seguridad privada establece claramente en su articulo 3.1 y 3. 2 1. Las empresas y el personal de seguridad privada no podrán intervenir, mientras estén ejerciendo las funciones que les son propias, en la celebración de reuniones y manifestaciones ni en el desarrollo de conflictos políticos o laborales, sin perjuicio de mantener la seguridad que tuvieren encomendada de las personas y de los bienes.2. Tampoco podrán ejercer ningún tipo de controles sobre opiniones políticas, sindicales o religiosas, o sobre la expresión de tales opiniones, ni crear o mantener bancos de datos con tal objeto.

El Reglamento de Seguridad Privada, establece como Infracción GRAVE en su Artículo 152.5, "la realización de actividades prohibidas sobre conlfictos políticos o laborales".Aquí es donde entran nuestros comentarios, estamos seguros que muchos Vigilantes de Seguridad desconocen estas normas de actuación y por indicación de los clientes, pondrán normas para coartar a los Vigilantes de Seguridad para evitar conflictos en los servicios, pudiendo acarrear múltiples e insospechadas consecuencias negativas para los profesionales de la seguridad, metiéndoles en conflictos que incluso,pueden ir al ámbito penal.

Por otro lado muchos clientes, que por desconocimiento de nuestra legislación y profesión, querrán hacer intervenir en este tipo de conflictos a los Vigilantes de Seguridad, evitando asi que los piquetes o huelguistas puedan acceder libremente a los centros de trabajo e incluso obligandolos a desalojar los locales por medio del servicio de seguridad. Para estos casos está la POLICÍA, que serán las autoridades a quien los Vigilantes de Seguridad deberán recurrir para seguir instrucciones, nadie mas tiene competencias, para marcar modos de actuación ante una huelga convocada legalmente.

Solamente podrán intervenir los Vigilantes de Seguridad cuando los huelguistas o piquetes informativos, actúen violentamente o intenten menoscabar la integridad de las personas o bienes a proteger, ya que en estos casos estamos legitimizados por el RSP para actuar, como si de un delito común se tratase.

No debemos olvidar que en estos casos también tendremos que poner a disposicion de la POLICÍA a los autores de los delitos y las pruebas de su cometido y seguir sus instrucciones para restablecer la seguridad ciudadana en los casos que se vea alterada.

En el Art. 151.5 del mismo RSP se establece cómo Infracción MUY GRAVE "Omitir la colaboración requerida por la POLICÍA, en cualquier situación que sea necesaria para el mantenimiento ó el restablecimiento de la Seguridad Ciudadana". Conclusión, el Vigilante de Seguridad estaría OBLIGADO a intervenir en el supuesto en que los miembros de las FCSE, en aplicación de los Artículos 172.1 y 203.2 del Código Penal, le requirieran para el desalojo de las personas que están cometiendo los presuntos delitos de intromisión ilegitima amparados por el derecho a la huelga.

Pero nunca a petición del cliente o por exigencia de la empresa de seguridad.

http://www.elagentedeseguridad.net/

Los vigilantes exigen armas y protección para repeler atracos.

Los representantes sindicales de los empleados de seguridad consideran que los vigilantes están indefensos ante este tipo de sucesos.

Los vigilantes de seguridad exigen a las empresas que equipen a sus empleados con chalecos antibalas de calidad para poder defenderse ante atracos como el ocurrido el pasado lunes en el centro comercial Carrefour de Dos Hermanas, donde dos encapuchados lograron llevarse unos 100.000 euros abriendo fuego a ráfagas con un kalashnikov.

Los vigilantes que transportaban las dos sacas con el dinero consiguieron refugiarse en el interior del supermercado, por lo que no sufrieron heridas en el tiroteo. Pese a ello, los representantes sindicales de los empleados de seguridad consideran que los vigilantes están indefensos ante este tipo de sucesos.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Seguridad (STS-A), Antonio Fernández Acacio, exigió a las empresas que doten a sus profesionales con chalecos antibalas de calidad. "Los chalecos no son obligatorios y tienen un problema: los que las empresas facilitan son por lo general los más baratos.

Esto hace que sean prendas que pesan entre tres y cinco kilos y que resultan muy incómodas cuando una persona tiene que realizar un servicio durante varias horas, máxime en verano con el calor", expuso este representante sindical. Sí existe otro tipo de chalecos, que son como una camiseta interior, que no dificultan el trabajo de los vigilantes. "Esas prendas son de muy buena calidad y, por tanto, más caras. De ahí que las empresas no se las faciliten a sus empleados", indicó Fernández Acacio.

El representante del STS también criticó que la política del Gobierno central sea la de restringir cada día más las armas para los vigilantes, cuando se trata de un colectivo que ha protagonizado muy pocos incidentes con armas. "Los vigilantes del furgón sí llevaban armas, pero sus compañeros que estaban en el supermercado no. Si las hubieran llevado, podrían haber apoyado a los compañeros y responder al tiroteo. Pero con una defensa de goma frente a un kalashnikov lo único que pueden hacer es correr al interior del centro comercial", insistió Acacio, que recordó que dos vigilantes han fallecido en los últimos años en Sevilla en sendos atracos.

La Policía Nacional continúa con la investigación del atraco en el Carrefour y, a la hora de cierre de esta edición, todavía no había ninguna persona detenida. Pese a que un primer momento los testigos apuntaban a que los autores podrían haber sido dos personas de raza negra, ayer la Policía descartó este extremo. Desde unas horas después del tiroteo, los agentes de la comisaría de Dos Hermanas encargados de la investigación están buscando a dos vecinos de las Tres Mil Viviendas que cuentan con varias órdenes de búsqueda y captura por distintos delitos, que podrían ser los autores de este tiroteo.

A uno de estos reclamados se le vincula con un Audi A3 de color gris plata, con lunas tintadas y una franja de color negro. La descripción de ese coche coincide plenamente con la que aportaron los testigos del vehículo en el que los atracadores del Carrefour se dieron a la fuga en dirección a la urbanización La Motilla.

http://www.diariodesevilla.es/article/doshermanas/999489/los/vigilantes/exigen/armas/y/proteccion/para/repeler/atracos/como/furgon.html

Reino Unido 'privatiza' parte de su Policía

El pasado viernes 2 de marzo, el periódico británico The Guardian anunció que dos regiones inglesas han iniciado los trámites para ‘privatizar’ parte de sus fuerzas policiales. Según desveló el rotativo, las autoridades policiales de West Midlands y Surrey han invitado a G4S y otras EMPRESAS PRIVADAS DE SEGURIDAD a pujar por diversos servicios hasta ahora reservados al sector público.

Se tratará del mayor contrato de privatización policial hasta la fecha, con un montante de 1.500 millones de libras esterlinas (1.793 millones de euros), que podría elevarse hasta 3.500 millones (4.184 millones de euros) en función de la magnitud definitiva de la operación, durante los próximos diez años.

Es un salto de gigante respecto al reciente precedente de Lincolnshire, donde la Policía ha contratado los servicios de G4S por valor de 200 millones de libras (239 millones de euros). En virtud de ese contrato, la empresa privada construirá y gestionará, por vez primera, una comisaría de Policía, incorporando en el proceso a 900 trabajadores procedentes del sector público. Aunque a menor escala, otras regiones, entre las que destacan Cleveland, Cheshire, Avon y Somerset, están contemplando igualmente ofrecer algunos de sus servicios policiales al sector privado.

Por su parte, la ministra de Interior, Theresa May, después de recortar en un 20% los fondos a la Policía para los próximos cuatro años -hasta 2014-15-, ha afirmado que el programa de "cooperación empresarial" en West Midlands y Surrey empezará en primavera. La iniciativa tiene el pleno respaldo del Gobierno de coalición liderado por Cameron.

Los dos impulsores de la iniciativa son el jefe de Policía de las West Midlans, Chris Sims, y Mark Rowley, que hasta hace poco ocupaba el mismo cargo en Surrey. Tras una "discusión robusta y franca" mantenida el mes pasado, las autoridades policiales dieron luz verde a la privatización con 11 votos a favor y 5 en contra. Un portavoz de la autoridad policial de las West Midlands afirmó: "La combinación con el sector privado se dirige a transformar totalmente la forma en que la fuerza actualmente trabaja, mejorando el servicio ofrecido al público".
En términos similares se ha expresado la Asociación de Oficiales Jefes de Policía. Peter Fahy, jefe de Policía de Greater Manchester, al norte de las West Midlands, ha asegurado que es necesario un cambio "radical y fundamental" para poder hacer frente al "desafío enorme de los recortes financieros".

El excomisario de la Policía Metropolitana, Sir Ian Blair, considera por su parte que la iniciativa representa una oportunidad para que los cuerpos policiales "puedan modernizar sus presupuestos como lo haría cualquier otra institución, a saber: reduciendo los costes unitarios". Sir Ian puntualiza, además, que defensores y detractores yerran al clasificar esta medida de "privatización" pues, en efecto, lo que se ofrece es contratar empresas privadas para desempeñar ciertas labores del sector público, sin que éste deje de ser el responsable último del servicio.

El contrato.
Los pujantes potenciales han recibido un contrato de 26 páginas para realizar todos los servicios que "pueden ser delegados legalmente al sector privado". No quedan incluidos ciertos poderes policiales como el de arrestar.
La oferta se divide en dos lotes, uno para los servicios de custodia y el otro para todos los demás. La intención es que una única empresa se quede con el contrato principal. Se contempla, sin embargo, la posibilidad de que una segunda empresa pueda gestionar los servicios de custodia separadamente.

La "lista no exhaustiva" de actividades que se ofrecen al sector privado es la siguiente:
Servicio de garantía: gestionar el rendimiento, mantener los estándares profesionales, asegurar el acatamiento, gestionar riesgos, ofrecer servicios legales.
Traer a los delincuentes ante la Justicia: investigar crímenes, detener sospechosos, disposición no judicial, desarrollo de casos, dar apoyo a la acusación.
Gestionar incidencias: dar respuesta a incidencias, gestionar las escenas de incidencias, investigar incidencias, dar apoyo a víctimas y testigos.
Servicio de liderazgo: dar apoyo a los líderes de la organización para desarrollar estrategias, políticas y planes, gestionar el cambio y gestionar la asociación.

Gestionar actuaciones públicas: patrullar los vecindarios, gestionar las relaciones públicas, gestionar las relaciones con clientes, informar sobre las actuaciones, gestionar las instalaciones.

Proteger al público: tratar con los individuos de alto riesgo, mejorar las comunidades, proteger a las personas vulnerables, desarticular las redes criminales, gestionar las operaciones planificadas, proteger lugares vulnerables, gestionar la matriculación, gestionar la seguridad en carretera.
Apoyo a servicios operativos: gestión de tareas, gestión forense, ofrecer servicios especializados, recopilar información policial, gestionar propiedades y pruebas, gestionar inteligencia.
El texto precisa que "no todas estas actividades serán incluidas necesariamente en la magnitud final, y que cada fuerza policial seleccionará algunas actividades de entre estas áreas donde vean las mejores oportunidades para la transformación".

Los planes de la Policía de las West Midlands contemplan el despido de 2.764 trabajadores durante los próximos tres años. Sin embargo, no se pretende que la privatización cubra los recientes recortes presupuestarios y no se prevé que se noten los ahorros antes de 2014.

El legado Blair y los recortes de la coalición
John Shaw, el director gerente de G4S, la mayor empresa privada de seguridad del mundo, ha asegurado que la implicación del sector privado en las actividades policiales "ha venido dándose durante años". Lo que en esta ocasión ha llamado la atención, según Shaw, ha sido "el tamaño, la escala y los números".

Los recortes presupuestarios aprobados por el Gobierno de coalición han acelerado la entrada de contratistas privados en la Policía, aunque el prestigioso think-tank británico Institute of Economic Affairs los ha considerados insuficientes.
Pero, según Shaw, el punto de inflexión ya se alcanzó hace una década, cuando el Gobierno laborista de Tony Blair otorgó a los jefes de Policía la potestad de contratar servicios a las empresas privadas. Y añade que "lo que veremos [en los próximos cinco años] serán unas back offices [oficinas de gestión interna] más delgadas, gestionadas por el sector privado, y el mercado fusionándose en dos o tres proveedores que reducirán los costes".

Patrullando los vecindarios sin patrullar las calles
Como era de esperar, los detractores de los recortes presupuestarios y de las privatizaciones han puesto el grito en el cielo. Uno de sus principales temores es que agentes privados patrullen por las calles y efectúen detenciones sin responder ante nadie, a diferencia de la Policía pública.

Curiosamente, aunque el mencionado contrato de 26 páginas incluye en su "lista no exhaustiva" la posibilidad de contratar el servicio de "patrullar los vecindarios" a las empresas privadas, el Gobierno ha negado que éstas vayan a patrullar las calles. Si bien es cierto que el contrato también aclara que cada cuerpo policial podrá elegir qué servicios de los enumerados decide contratar al sector privado. En este sentido, la jefa de Policía de Surrey, Lynne Owens, ha asegurado: "Cualquier insinuación de que una empresa del sector privado patrullará las calles de Surrey es simplemente un disparate.

No sería más aceptable para el público que para mí".

Los defensores de la iniciativa, como Sir Ian, consideran que las tareas que pasarán a manos del sector privado consistirán, esencialmente, en el papeleo "repetitivo" de oficina, liberando así de tareas administrativas a numerosos policías que podrán centrarse en su labor callejera.

http://www.libremercado.com/2012-03-14/reino-unido-privatiza-parte-de-su-policia-1276452707/

ACTA REUNION PLATAFORMA SINDICATOS INDEPENDIENTES

El día 1 de Marzo, se celebró en Madrid una reunión de la Plataforma De Sindicatos Independientes para tratar diversos temas de caracter urgente, así como para adherirnos a los sindicatos mayoritarios en la desicíon de interponer Conflicto Colectivo por la NO subida salarial firmada para 2012... Os dejo un enlace sobre el acta de dicha reunión.  http://sts-a.com/vigilantes/index.php?action=dlattach;topic=1599.0;attach=752

Qué pasa cuando NO se respetan los convenios...

Javier es un vigilante de seguridad que trabaja en A Coruña. Después de 25 años en el sector y una antigüedad de 22 años en la empresa, su sueldo neto es de 1.058 euros al mes. El salario de Javier está regulado en un convenio colectivo de ámbito estatal, el de seguridad privada, que fija las condiciones laborales de todos los vigilantes de seguridad, de forma que ninguna empresa podía pagar menos de lo que establecía el convenio. Javier, además, cobra el plus de antigüedad, el de peligrosidad, de transporte y de vestuario, todo para llegar a esos 1.058 euros.

No es mucho, pero a Javier le proporcionaba una estabilidad ahora amenazada por la reforma laboral. El y sus 700 compañeros de empresa, los 5.000 vigilantes que hay en Galicia y los 100.000 en España. Porque la reforma permite que cualquiera de las más de 1.500 empresas del sector rompa con el convenio estatal y fuerce la negociación de un convenio de empresa.

Porque el Real Decreto Ley 3/2012 establece la prioridad de los acuerdos de empresa y posibilita que en cualquiera se puedan firmar condiciones inferiores a las del convenio del sector.
Las consecuencias de esta decisión pueden ser muy negativas para los trabajadores, pero también para las empresas. Para los trabajadores porque obviamente todos los acuerdos y pactos de empresa serán para establecer condiciones laborales por debajo del convenio actual. Esto es, para reducir los salarios, aumentar la jornada, modificar los turnos y perder derechos conquistados durante años.

Pero también para las empresas porque, hasta la reforma laboral, cuando presentaban ofertas compitiendo por un contrato para vigilar un centro comercial, un hospital o una entidad financiera partían todos del mismo salario para sus trabajadores. Ahora, las empresas que sean capaces de negociar un convenio con salarios más bajos y más horas de jornada reducirán su coste laboral, lo que les permitirá presentar ofertas más baratas, desplazando a las empresas que apliquen el convenio estatal.

Descuelgue empresarial

En esta situación, ninguna compañía se quedará quieta; una tras otra abandonarán el convenio del sector, iniciando una espiral de reducción de los salarios para poder competir. Dumpin social instalado en el centro mismo de las relaciones laborales en España. Corren un peligro real los pluses, que en el caso de Javier suponen el 40 % de su nómina. Pero en el caso extremo puede acabar cobrando el SMI (641,40 euros brutos al mes), la mitad de lo que hoy cobra Javier.

Hay algo todavía peor en la reforma laboral. Y es que el convenio actual establece la subrogación, esto es, que si es una empresa nueva la que presta el servicio de vigilancia, tiene que subrogarse de toda la plantilla manteniéndole sus derechos laborales, incluida la antigüedad.

Esta cláusula que da estabilidad al sector y mantiene los derechos de los trabajadores, corre peligro real de desaparecer si lo que se negocian son acuerdos individuales en cada empresa. La reforma provoca la desregularización laboral al eliminar el salario común y la subrogación, potenciando a las peores empresas, que desplazarán vía precios bajos a las más estables y con años de presencia en el sector. Una situación que causa preocupación hasta en las grandes empresas del ramo, agrupadas en la patronal Aproser, y que empiezan a dar señales de alarma ante el riesgo de competencia desleal por parte de las firmas con malas prácticas.

Todo esto también puede pasar en los demás sectores de servicios basados en el uso interno del factor trabajo. Por ejemplo, la limpieza de edificios, el servicio de atención a domicilio o la limpieza de hospitales. Es el caso de la mujer de Javier, María, que trabaja en ayuda a domicilio a personas dependientes, y que después de 6 años de antigüedad cobra 841 euros al mes. Casi un privilegio, porque está a jornada completa, algo excepcional en el sector.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2012/03/03/pasa-tocan-convenios/0003_201203G3P43994.htm