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lunes, 18 de agosto de 2014

Documento informativo de los cursos que se impartirán durante el mes de Septiembre de 2014 en Marbella

Adjuntamos el documento informativo de los cursos que se impartirán durante el mes de Septiembre de 2014 en Marbella

           *Los días 22 y 23 de Septiembre.

El contenido de los cursos será;

            “Soporte Vital Básico” y
            “Manejo del Desfibrilador”.

 Asimismo, recordamos a los compañeros, que para apuntarse deben hacerlo a través de la delegación de Marbella, asimismo intentaran entregar con los cuadrantes de septiembre dicho comunicado para que llegue a la totalidad de la plantilla de vigilancia.
 
 
 

La CNMC pide al Gobierno que no incluya en el contrato de seguridad privada la subrogación del personal.

La CNMC pide al Gobierno que no incluya en el contrato de seguridad privada la subrogación del personal.

Rechaza la cláusula indemnizatoria por reducción del servicio porque restringe el "principio de riesgo y ventura" inherente al contrato

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pide al Gobierno que no incluya en el contrato centralizado de servicios de seguridad integral para varios edificios públicos la obligación de subrogar al actual personal que presta este servicio o que, al menos, se "interprete restrictivamente" esta obligación por cuanto limita la posibilidad de competencia.

Así se recoge en el 'Informe sobre los pliegos del contrato centralizado de servicios de seguridad integral y de auxiliares de control en edificios de la Administración General del Estado y sus organismos' que este jueves ha publicado el "súper regulador" y que recoge Europa Press.

El contrato al que se refiere el documento fue licitado por el Ministerio de Hacienda el pasado 18 de julio para cubrir los servicios de vigilancia y protección de bienes, el mantenimiento de equipos e instalaciones de seguridad y los servicios auxiliares de control (conserjería y portería) de una veintena de edificios de la capital, entre ellos los ministerios de Agricultura, Educación o Hacienda; la Confederación Hidrográfica del Tajo o la Delegación del Gobierno en Madrid.

La licitación está dividida en cuatro lotes valorados en 30,4 millones --van de los 14,27 millones el más grande a 965.900 euros el más pequeño-- por un periodo de 22 meses prorrogables por el mismo tiempo, lo que eleva el presupuesto a un máximo de 55 millones. Con ello se ahorrarán unos 4 millones de euros.

Los servicios se irán incorporando desde el 1 de diciembre de 2014 hasta julio de 2015 en función de la finalización de los 22 contratos en vigor actualmente. En todo caso, la finalización es fija para todo el contrato y está fijada el 30 de septiembre de 2016.

VALORACIÓN POSITIVA GENERAL
Así, la CNMC hace una valoración positiva general de la unificación del contrato en aras a conseguir una "mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos", y agradece también que se le hayan remitido los pliegos para su estudio. No obstante, recomienda que la próxima vez la consulta se haga antes de publicar el concurso.

No obstante, advierte de que existen algunos problemas desde el punto de vista de la competencia, como la obligación de subrogar al personal que actualmente presta el servicio. La Comisión subraya que "se corre el riesgo de perder gran parte de la posibilidad de competencia en la licitación" ya que la plantilla constituye un "input fundamental" en el precio que se puede ofrecer.

Es decir, que muchas pequeñas empresas no podrían asumir el coste de incorporar una "estructura organizativa alternativa" a la propia, lo que podría disuadir a algunos posibles licitantes de concurrir. Además, se trata de un criterio con "excesivo peso" en la valoración pese a ser "escasamente relevante para la ejecución de la prestación" e "imponer costes adicionales".

"Por esos motivos, se recomienda que la exigencia de subrogación debiera, si no eliminarse, cuanto menos interpretarse restrictivamente por parte de los órganos de contratación", concluye el organismo que preside José María Marín Quemada.

En otro punto del informe se reclama "una mayor justificación" a la inclusión, entre las condiciones de solvencia, de la exigencia de un número de trabajadores con formación profesional concreta, ya que "además de introducir una posible barrera de entrada a la prestación del servicio se impone una limitación a la libertad de organización de recursos del adjudicatario".

"El hecho de exigirse en todos y cada uno de los lotes estos requisitos de personal puede ser especialmente restrictivo, en la medida en que para un licitador que pudiese obtener más de un lote podrían generarse sinergias que permitiesen ganancias en eficiencia. Cabe pensar que, salvo justificación expresa en contra, pudiera compartirse personal entre lotes adjudicados a un mismo licitador dada la escasa dispersión geográfica", añade la CNMC.

LIMITAR EL RIESGO
La Comisión también recomienda eliminar la cláusula que prevé una indemnización equivalente al 3% de los servicios contratados si se produce una reducción del servicio superior al 10% del importe de la adjudicación. "No se considera adecuado restringir el principio de riesgo y ventura que debe asumir el contratista, sin que quepa aventurar además beneficio alguno para los usuarios del servicio", señala.

Con respecto a los plazos de duración del contrato, pese a comprender la necesidad de tiempos largos ante un servicio complejo como la seguridad integral, la CNMC recomienda que el derecho a prórroga se interprete "de forma restrictiva, examinando su necesidad, proporcionalidad y mínima restricción" dado que supone "el cierre absoluto del mercado durante su vigencia".

Además, cree que esta figura no debería justificarse alegando que incentiva a los posibles licitadores, ya que ese mismo objetivo "podría conseguirse por otras vías menos restrictivas para la competencia".

VALORACIÓN DE LOS CONTRATOS
La CNMC se centra por último en los criterios de aceptación de ofertas y en el procedimiento de valoración. Así, cree que deberían reducirse las condiciones mínimas de solvencia económica, financiera y profesional o técnica para presentarse a cualquiera de los lotes, y no sólo al de menor cuantía, de modo que se favorezca la concurrencia.

También opina que las exigencias económicas a las empresas aspirantes deberían ser acumulativas de diferentes años para no ser "excesivas o desproporcionadas" para las pymes, del mismo modo que no deberían incluirse criterios económicos --como los presupuestos o el volumen de negocio-- entre los requisitos de solvencia técnica.

La CNMC cree que los licitadores de otros estados miembros de la UE deberían tener requisitos de solvencia "equiparables" a los exigidos a las empresas españolas, y también rechaza que se limite a dos los lotes por los que se pueden presentar ofertas, sugiriéndose la eliminación de este tope.

Asimismo, cree que la exigencia de visitar los edificios puede suponer un problema para licitadores de fuera de Madrid, sugiriendo la posibilidad de mandar la información por vía telemática; y avisa de los "claros efectos anticompetitivos" de que la primera fase de la valoración sea eliminatoria, ya que "excluye a operadores sin haber podido valorar de forma completa su oferta".

La Comisión advierte por último de que hay demasiados criterios sujetos a una "valoración subjetiva", lo que supone una "excesiva discrecionalidad"; y rechaza la inclusión del factor corrector de penalización para las bajas inferiores al 10% del precio, lo que "estimula la formalización de ofertas que incluyan bajas superiores a dicho porcentaje".

"Sería recomendable que, dada la trascendencia del criterio precio, se realice una justificación de por qué, frente a otros posibles porcentajes, se ha considerado que el 10% ha de ser el umbral adecuado que justifique esta diferencia en la asignación de puntuación en las ofertas", concluye.


Fuente:  MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC): enlace web;
http://www.cnmc.es/

domingo, 3 de agosto de 2014

Más de veinte pueblos cubren con "vigilantes municipales" el trabajo de la policía local

Asumen prácticamente las mismas funciones sin tener la consideración legal de autoridad, patrullan sin armas ni defensas y salen más baratos a los municipios
 
Más de veinte pueblos de la provincia de Jaén tienen a personal con categoría de 'vigilante municipal' haciendo funciones de policía local. No es lo mismo, aunque es parecido. A simple vista, los dos parecen agentes de la autoridad. Los uniformes son prácticamente iguales. Pero uno patrulla sin armas ni defensas, y lleva escrito en algún lugar de la vestimenta la leyenda 'vigilante' en vez de Policía Local. En toda la provincia son 39 trabajadores, según datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno.
 
Los vigilantes, que se están constituyendo en una asociación, denuncian que sufren una situación «discriminatoria».
 
La ley de coordinación de Policías Locales de Andalucía de 2011 establece que «en los municipios donde no exista policía municipal, los cometidos de ésta serán ejercidos por el personal que desempeñe funciones de custodia y vigilancia de bienes, servicios e instalaciones, con la denominación de guardas, vigilantes, agentes, alguaciles o análogos».
En la práctica, los vigilantes municipales asumen funciones de seguridad ciudadana, tráfico ... Los propios de un policía local.
 
«Estamos dos grupos administrativos por debajo de un policía local, o sea que ganamos menos, estamos indefensos, nos obligan a hacer otro tipo de tareas como notificaciones, reparto de correspondencia, recaderos, etc. Debemos cumplir funciones de Policía, pero no tenemos derecho como a la segunda actividad», asegura Pablo Herrera, promotor de la Asociación de Vigilantes Municipales de Andalucía.
 
Herrera indica que «los vigilantes municipales debemos asumir esas funciones con lo puesto (uniformidad), no tenemos un equipo básico asignado, y no podemos utilizar defensa o grilletes porque la mayoría de municipios donde trabajan vigilantes no los han inscrito en el curso obligatorio de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA), imagino que para no pagar sueldos durante el tiempo que dura el curso. Como solemos trabajar en municipios pequeños, lo normal es que nos movamos en servicios unipersonales, sin medios y sin la formación básica necesaria».
 
Presupuesto
 
A juicio de Herrera, esta situación se da porque los pequeños Ayuntamientos «manejan presupuestos bajos. Pero no recuerdo otro caso igual: dos figuras administrativas de la misma comunidad autónoma con las mismas funciones pero diferentes medios, derechos y formación».
Ejercer la autoridad -poner multas, por ejemplo- sin ser oficialmente autoridad tiene un coste personal: «La labor de los Vigilantes Municipales es de aplaudir, porque la inmensa mayoría cumple con sus obligaciones, se mantiene al día en legislación de forma autodidacta, ya que la ESPA no nos permite participar en sus cursos, aunque pagamos un coste muy alto debido a la presión que supone llevar acabo nuestras funciones en estas condiciones, genera ansiedad y sensación de desamparo total», indica Herrera.
 
Los casos de problemas con los vecinos que reciben multas y amonestaciones con poco agrado son recuentes. Lo cuenta uno de los vigilantes municipales de la provincia. «Sufrí una agresión. Estaba solo, tuve que reducir al agresor y esperar con él en el suelo 15 minutos hasta que llegó la Guardia Civil. En otro juicio por amenazas que tuve el año pasado el juez me preguntó que 'qué era eso de vigilante municipal'». No hubo condena por atentado contra un agente de la autoridad en ninguno de los casos, algo que probablemente hubiera ocurrido si el agredido, en idénticas circunstancias, hubiera sido agente de la Policía Local.
 
No son casos aislados: «A un compañero el año pasado le destrozaron su coche particular con un hacha y hace unas semanas también fue agredido en el ejercicio de sus funciones. Que alguien me explique cómo se puede soportar esa situación», dicen los vigilantes.
 
En la asociación tienen constancia de que «hay compañeros que llevan 20 años como interinos y que en otras comunidades autónomas ya se está eliminando la figura del Vigilante Municipal, pasándolos a Policías Locales una vez reúnan los requisitos y pasen el pertinente curso de la Escuela de Seguridad Pública. Como se va a estudiar próximamente la reforma de la Ley 13/2001, es la oportunidad perfecta para reivindicar, al menos igualdad de condiciones, pero la meta es la conversión de todos los Vigilantes Municipales de Andalucía a Policías Locales».
 
 
Fuente: